La decisión de Feijóo: gobernar o colocarse

The Objective, 5 de abril de 2026

Las próximas elecciones andaluzas pueden regalar al PP una victoria amplia. Y esa victoria puede convertirse en su peor trampa. Porque cuanto más holgado sea el resultado, más cómodo será para el partido aplazar la pregunta que debería responder ahora: si aspira a gobernar España o solo a ocupar su Gobierno.

Todos los partidos acaban funcionando, en alguna medida, como agencias de colocación. Dan empleo, protección y la expectativa de mandar algún día. No es una anomalía ni un vicio. Es la consecuencia lógica de las reglas que les hemos dado y que ratificamos en cada convocatoria electoral. El problema grave empieza cuando esa función laboral domina sobre la de proponer y aplicar soluciones políticas. El objetivo deja entonces de ser el de gobernar y pasa a ser, simplemente, que gobiernen los nuestros. Un PP ambiguo refleja, al fin y al cabo, la ambigüedad de lo que le pedimos.

Ahí está el dilema en el liderazgo de Feijóo.

No solo ha de decidir entre moderación y firmeza, ni entre seguir el modelo de Madrid o el de Galicia. Ni siquiera en apostar por líderes concretos. Ha de decidir algo más elemental: si aspira a que el PP llegue a la Moncloa para disfrutar el relevo o para revertir un declive institucional que hoy se limita a denunciar, pero sin respaldar su denuncia con propuestas de renovación.

El PP no parte de cero, pero tampoco ha asumido la magnitud del problema. Su ponencia política de 2025 se comprometía a recuperar la sedición y devolver a los jueces la elección del CGPJ. Pero estas promesas se quedan cortas respecto al diagnóstico que el propio PP realiza del hundimiento institucional. Aunque Feijóo situó la “regeneración democrática e institucional” como prioridad de sus cien primeros días y en julio de 2025 anunció la preparación de sendos listados de leyes sanchistas “para derogar” y “para sustituir”, ocho meses después siguen sin definir. Si ya las promesas concretas atan poco, anunciar intenciones ata aún menos. De hecho, puede ser compatible con el continuismo.

En el caso del PP, su actual aparato no parece tener incentivos para atarse las manos antes de llegar. Prefiere reservarse la discrecionalidad para el día después. Quizá tenga cierta lógica si falta unidad interna y el silencio permite disimularla. Lo dudoso es que sirva al interés público.

Se dirá que las estrategias no se anuncian. O que ya se comunican, en privado, a los enterados que conviene. Ese argumento no solo revela cierto déficit democrático sino que, a estas alturas, resulta poco creíble. El votante adulto ya no otorga crédito sin garantías. Menos aun cuando el partido que lo pide arrastra antecedentes de impago. En 2011, el PP prometió derogar la ley de memoria histórica, reformar la ley del aborto y que doce de los veinte vocales del CGPJ fuesen elegidos por jueces y magistrados. No derogó la primera, retiró la reforma del aborto y, en 2013, aprobó una reforma del CGPJ que iba en sentido contrario al prometido: mantuvo que los veinte vocales fuesen designados por las Cortes. Celebrar esos antecedentes es erróneo; y pedir fe sin compromiso explícito, arriesgado.

El verdadero conflicto del PP no separa tanto ideologías como usos del poder. Una parte del partido querría desmontar los abusos que hoy denuncia. Pero otra ya anticipa que pueden serle útiles mañana. Una vez en el poder, la tentación será enorme. Casi nadie renuncia voluntariamente a las ventajas disponibles. Y menos si el coste de desmontarlas lo paga quien acaba de conquistar el Gobierno.

Vox añade poco. No porque obligue al PP a una gran ruptura, sino porque puede facilitar justo lo contrario: que la negociación para formar gobierno se desplace hacia asuntos simbólicos y deje en segundo plano la reconstrucción institucional. Ya se observó en los gobiernos autonómicos en coalición: fueron más eficaces en gesticular que en acometer reformas.

La salida requiere un liderazgo consciente de la penosa situación que vivimos. La actual dirección fue elegida para unir al partido, no para cambiar el rumbo. Pero lo que necesita el aparato del PP y lo que exige España no coinciden. Y ni siquiera está claro que el interés a largo plazo del propio PP resida en practicar el continuismo en caso de llegar al poder.

Si lo hace, su paso por el Gobierno probablemente será breve. Malo para España y aún peor para el PP. El alejamiento del voto joven es una clara señal de alarma. Ningún partido envejece tanto como el que pide el voto del cambio para administrar la continuidad.

Eso, en el mejor de los casos. Porque el daño no se produce solo después de gobernar. Empieza antes. Si en el electorado se asienta la idea de que un gobierno del PP será otra vez una alternancia sin rectificación, una parte de sus votantes potenciales migrará a otro partido; pero otra, más numerosa, se abstendrá. Y esa abstención del decepcionado es más peligrosa que la fuga del convencido: desmoviliza y abre la puerta a futuras ofertas políticas que aumenten la división.

Feijóo aún está a tiempo de evitarlo. Pero no con alusiones genéricas al cambio. Tampoco con la liturgia de pedir confianza antes de merecerla. Y menos aún con gestos que parecen celebrar los errores del pasado. Debe elegir si quiere gobernar o se contenta con que gobierne el PP. Lo segundo satisface a muchos pesimistas y cuadros del partido. Gobernar exige incomodarlos.

El peor conservadurismo consiste en reincidir en el error.